Quito, 30 de enero de 2025

El equipo técnico de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS de la Zona 9 llevó a cabo un operativo interinstitucional en Quito, específicamente en un centro del sector Pisulí, donde aparentemente se brindaba atención a personas con adicciones de manera clandestina.

Una denuncia ciudadana que alertó a las autoridades sobre presuntos hechos ilícitos, gritos y golpes en el centro fue el detonante para el inicio del operativo. En respuesta, la ACESS, la Agencia de Control del Municipio de Quito, la Policía Nacional del Ecuador y la Dinapen, realizaron una intervención en base a sus competencias.

Al llegar al sitio, se identificó a más de 40 pacientes, entre ellos hombres, mujeres y menores de edad, quienes compartían el mismo espacio sin respetar la normativa vigente, que exige áreas diferenciadas para cada grupo etario y de género.

Mientras los técnicos de la ACESS recababan información sobre la salud y el estado de los pacientes, se solicitó a los responsables del lugar la documentación que acreditara su permiso de funcionamiento y licenciamiento vigentes. Paralelamente, la Policía Nacional del Ecuador encontró armas blancas, de fuego y de alto calibre, decenas de municiones y lo que parecía el estuche de un fusil, estos elementos estaban ocultos en armarios y cajones, por lo que pusieron a disposición de la autoridad competente a su presunto propietario.

Seis (6) menores de edad fueron identificados entre los pacientes y, junto a los demás, recibieron evaluación médica y psicológica por parte del personal de salud de la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud Pública. Algunos internos presentaron moretones y cortes provocados por la violencia ejercida en el lugar. Según los testimonios recogidos, los responsables del centro promovían una supuesta rehabilitación a punta de golpes.

La mayoría de los pacientes expresaron estar en el lugar en contra de su voluntad, varios relataron que fueron encontrados en la calle y trasladados al centro sin su consentimiento, mientras que otros indicaron que fueron ingresados por sus familiares. Cada uno de los pacientes recibió información sobre los servicios gratuitos de internamiento o ambulatorios que ofrece el Ministerio de Salud a quienes sufren de adicciones.

Con las evidencias y hallazgos, la ACESS comprobó la existencia de una vulneración de derechos, además los encargados del centro no pudieron justificar su permanencia en el sitio, mucho menos estar habilitados ante la Autoridad Sanitaria Nacional, por lo que se procedió a la clausura como medida de protección para salvaguardar la salud e integridad de los pacientes.

La ACESS continua su trabajo en todo el país para detener la clandestinidad en el tratamiento de adicciones e insta a la ciudadanía a colaborar activamente en la identificación de centros irregulares que ponen en riesgo la seguridad y la salud de los pacientes. Las denuncias sobre estos hechos pueden ser remitidas a través de la plataforma: www.contactociudadano.gob.ec

¡Unidos en contra de la clandestinidad!