Quito, 17 de marzo de 2026

Mediante una nueva alerta de la Policía Nacional del Ecuador, el equipo técnico y de comisaría de la ACESS Zona 9 se trasladó hasta el sector de Pifo, al nororiente de Quito.

En esta parroquia rural se habrían recibido varias quejas sobre la existencia de un presunto centro de tratamiento de adicciones sin permiso para su funcionamiento, que además promocionaba sus servicios a través de redes sociales.

Al ingresar al inmueble, se verificó la presencia de un grupo de adultos varones que recibían una charla vivencial, encerrados con candado y entre rejas. Los responsables abrieron las puertas y se contabilizó a 41 personas, quienes vestían indumentaria común de los centros de tratamiento de adicciones, como el uso de sandalias de goma.

Actuamos junto a la Policía, la Agencia Metropolitana de Control de Quito y el Ministerio de Salud Pública (MSP), quienes, en el marco de sus competencias, realizaron las acciones de control correspondientes.

Durante el recorrido, el equipo de la ACESS encontró evidencia de que en el sitio se brindaba un servicio de salud: medicamentos sin receta, algunos con la inscripción «gratuito, prohibida su venta»; un consultorio con camilla, sin colchoneta ni equipamiento; historias clínicas y fichas de ingreso incompletas; insumos médicos mal almacenados; y la presencia de un profesional que se presentó como médico del establecimiento. Sin embargo, al revisar los sistemas, se constató que contaba únicamente con registro como tecnólogo en medicina andina. Él era quien prescribía y atendía a los internos, sin tener los conocimientos ni la preparación necesarios.

En cuanto a la infraestructura, se evidenció hacinamiento, con hasta 17 camas por espacio; condiciones higiénico-sanitarias deficientes; rejas, candados y seguridades en techos, puertas y ventanas; además de desechos de alimentos en descomposición.

Asimismo, de los 41 pacientes, 7 eran menores de edad y 2 adultos mayores, uno de ellos con discapacidad auditiva y mental.

La Policía encontró un taser o pistola de descarga eléctrica, esposas y tabaco de contrabando, los cuales fueron decomisados.

La evaluación del personal de trabajo social, psicología y medicina general del MSP, que activó un amplio contingente debido a la cantidad de personas, fue fundamental para conocer su estado de salud. Tras las evaluaciones y los relatos de los internos, se evidenció que no recibían atención médica; algunos presentaban hipertensión, problemas de tiroides y hemorroides.

La mayoría fue capturada y trasladada en contra de su voluntad, también sufrían maltratos.

“Si nos portábamos mal, nos electrocutaban con la pistola; por eso yo nunca más les volví a contradecir”, aseguró un interno.

El personal del MSP ofreció a los pacientes los servicios de internamiento voluntario y ambulatorio para tratamiento de adicciones con los que cuenta dicha cartera de estado.

Los menores de edad y las personas en situación de vulnerabilidad fueron entregados a sus familiares, conforme al procedimiento de la Policía. En algunos casos, se trató de reencuentros tras varios meses de separación.

Al evidenciar que este centro no contaba con permiso de funcionamiento ni licenciamiento de la ACESS, y ante la vulneración de derechos de los pacientes con adicciones como la libertad, el consentimiento, el trato digno, la seguridad y la atención especializada, se procedió con la clausura preventiva, protegiendo así la vida y seguridad de los internos.

Se iniciará el proceso administrativo correspondiente, que podría derivar en sanciones pecuniarias.

Si tu familiar o conocido presenta consumo problemático de alcohol u otras drogas, acude a establecimientos de salud que cuenten con el permiso de funcionamiento vigente.

Si detectas establecimientos que incumplen la normativa sanitaria, presenta tu denuncia a través de nuestro canal oficial Contacto Ciudadano Digital: www.contactociudadano.gob.ec

También puedes hacerlo mediante oficio dirigido a la máxima autoridad de la Agencia o a través del Sistema Documental Quipux.