Las llamas y el humo alarmaron a los moradores del sector de Los Vergeles en el norte de Guayaquil. Se trataba de un incendio en un centro clandestino para personas con adicciones que funcionaba ilegalmente y en donde mantenían en hacinamiento e insalubridad a 5 mujeres, entre ellas una menor de 16 años y una mujer embarazada.

La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – Acess se activó de forma inmediata e impuso la clausura del sitio, como medida provisional de protección, al inspeccionar el lugar y corroborar que ahí se ofertaba tratamiento sin fundamento técnico a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas, y que el lugar no contaba con un programa terapéutico, ni profesionales de la salud que brinden atención en salud adecuada a las pacientes.

Primeras investigaciones indican que el incendio habría sido provocado por las internas, quemando los colchones, aduciendo su desesperación por huir del sitio; sin embargo, al estar encerradas en la única habitación de la vivienda, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil tuvo que tumbar con combos una de las paredes para rescatarlas.

“Las internas fueron evaluadas por profesionales de la salud de la Acess, mientras señalaban haber sido maltratadas física y verbalmente por los custodios de la vivienda, improvisada como centro de rehabilitación”, indicó la directora de la Acess en zona 8, Khristie Vera.

Durante la valoración médica se evidenciaron afectaciones a la piel de las pacientes y signos de maltrato, como golpes y rasguños. Entre otras irregularidades, denunciaron recibir mala alimentación, también la falta de medicina para sus dolencias provocadas por la abstinencia de drogas.

En el sector, un segundo centro que funcionaba ilegalmente también fue clausurado. Este se encontraba junto a la vivienda incendiada; sin embargo, los pacientes de ese centro habrían sido desalojados durante el siniestro, según informe de agentes de la Policía Nacional. Este centro en mención es reincidente, pues pese a haber sido clausurado el pasado mes de marzo de 2023, volvió a abrir sus puertas ilegalmente, según señala la Policía Nacional, por lo que, luego del informe técnico respectivo, se realizará, de ser el caso, la apertura a un nuevo procedimiento administrativo, a cargo de la Comisaría Provincial de Salud.

Las autoridades de la Acess instan a los representantes de estos centros a regularizarse, mediante la asesoría gratuita de los expertos técnicos y jurídicos, enmarcada en la ley sanitaria vigente, para evitar este tipo de tragedias que atentan contra la vida de los pacientes.

También se exhorta a la ciudadanía a mantenerse vigilantes y denunciar estos centros que ofertan tratamiento sin permiso de funcionamiento, a través del correo electrónico: denuncias@acess.gob.ec.