Quito, 03 de febrero de 2025

Como parte del fortalecimiento del control a los centros de tratamiento de adicciones que funcionan al margen de la ley, el equipo técnico de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada – ACESS de la Zona 9 se trasladó hasta la parroquia de Conocoto tras recibir una denuncia ciudadana sobre un centro donde presuntamente varios pacientes eran maltratados y se encontraban retenidos a la fuerza. En algunos casos llegaban esposados, para proceder a su internamiento de forma forzada.

Junto al Ministerio de Salud Pública, la Agencia Metropolitana de Control y la Policía Nacional, se inspeccionó el lugar, en donde cada institución actuó acorde a sus competencias.

La ACESS, por su parte, detectó que la infraestructura no cumplía con los parámetros establecidos en la normativa sanitaria vigente. Se evidenció la presencia de rejas en puertas y ventanas; mientras que en las habitaciones no existía el número de camas necesario para el descanso de los pacientes, evidenciando condiciones de hacinamiento.

Un total de treinta y cinco (35) personas fueron encontradas en el centro, cinco (5) de ellas eran menores de edad. Hombres, mujeres y menores convivían en el mismo ambiente y recibían atención en modalidad de internamiento sin respetar la normativa de contar con espacios diferenciados e independientes para cada grupo etario.

Además, se hallaron medicamentos, insumos, historias clínicas, contratos y facturas de pago de servicios, pero no se encontró ningún indicio de la presencia de personal de salud calificado para la atención como: trabajador social, enfermero/a, médico general, médico especialista en psiquiatría, entre otros.

La Directora Zonal 9 de la ACESS, Mgs. Melanie Grijalva, informó que el establecimiento no cumplía con los protocolos de higiene, salud y seguridad para los pacientes, además de la falta de un programa terapéutico para el tratamiento integral e individualizado.

De forma paralela, los pacientes recibieron evaluación médica y psicológica por parte del personal de salud de la Coordinación Zonal 9 del Ministerio de Salud Pública, mientras que la Policía Nacional entregó a los menores de edad a sus padres y/o representantes.

Ante la vulneración de derechos y el incumplimiento a la ley, la ACESS colocó los sellos de clausura como medida de protección para salvaguardar la salud, integridad y seguridad de los usuarios.